Radio, Televisión y Democracia

El reciente cambio de dueños de Telenica Canal 8 volvió a avivar el debate sobre el estado de la libertad de prensa y la libertad de expresión en Nicaragua. Pero, ¿qué es lo qué realmente está en juego? ¿Debería importarte?

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El debate generado por el cambio de dueños al frente de Telenica Canal 8 vino a confirmar que los medios de comunicación no son -o por lo menos no deberían ser- empresas como cualquier otra.

Y menos aún en el caso de las estaciones radio y los canales de televisión.

Después de todo, igual que sucede con ríos, lagos y carreteras, el espectro radioeléctrico que estos medios utilizan para transportar sus productos es un bien público.

Es decir, nos pertenece a todos.

Y, por lo tanto, el derecho de unos cuantos a explotar comercialmente ese recurso, nunca puede estar por encima de sus obligaciones para con la comunidad.

Como mínimo, debe haber un balance entre el derecho a la libre empresa y los derechos y necesidades de los verdaderos dueños de las ondas hertzianas: todos y cada uno de nosotros, sin excepción.

Y es por eso que para operar una estación de radio o un canal de televisión hace falta de una licencia otorgada por el estado. P

ues, después de todo, al menos en teoría, el estado es el garante del bien común.

Un recurso escaso

La intervención estatal en el mundo de los medios seguramente pone nerviosos a muchos, pero en lo que a radio y televisión se refiere es inevitable porque el espectro radioeléctrico todavía es un "recurso escaso".

Esto decir, con nuestra tecnología, nuestras ondas hertzianas sólo pueden acomodar un número limitado de estaciones de radio y un número mucho menor de canales de televisiónconvencional.

(En el caso nicaragüense, un máximo de seis canales de televisión abierta en la frecuencia VHF, que es la que puede aspirar a tener alcance nacional).

En eso hay una importante diferencia con los medios impresos.

En principio, en un país pueden existir tantos diarios y revistas como se quiera -aunque los elevados costos de producción limitan drásticamente la diversidad-.

Pero en el caso de la radio y la TV, además de los costos también existe una barrera natural.

En esas condiciones, el privilegio de explotar alguna de las limitadas opciones disponibles debe por lo tanto tener como contrapartida claras obligaciones para con el conjunto de la sociedad.

Y la forma en la que se distribuyan esas pocas oportunidades también tiene profundas consecuencias para la democracia.

Ideal vs. realidad

Idealmente, todos deberíamos sentirnos representados en el conjunto de canales nacionales.

En su conjunto, estos deberían ayudarnos a hacernos una buena idea de la realidad nicaragüense, en toda su complejidad.

Todos, y no sólo unos cuantos, deberíamos ver expuestos ahí los temas que nos interesan, nuestras preocupaciones, nuestras opiniones y voces -y deberíamos poder vernos expuestos a las opiniones de los demás-; todos deberíamos ser capaces de encontrar ahí información relevante para nuestra vida cotidiana, esa que permite tomar mejores decisiones.

Pero, lamentablemente, la realidad es otra.

Parte del problema es que la asignación de frecuencias no debería poder acordarse a espaldas de la población, en el marco de componendas entre las élites políticas y económicas, o de simples negocios entre privados.

Y sin embargo esa ha sido nuestra historia.

De la misma manera, la existencia de un ente regulador debería justificarse con acciones claramente orientadas a la tutela del bien común.

Y ese no ha sido el caso de Nicaragua.

Si desde un punto de vista político nuestro sistema de radio y televisión todavía es, en cierta medida, plural y diverso, es más a pesar de que gracias a la intervención estatal a lo largo de la historia.

Y, en cualquier caso, esa pluralidad política, cada vez más amenazada, tampoco es suficiente.

Para que la radio y la televisión puedan contribuir efectivamente a la democracia también necesitan de mayor pluralidad y diversidad en su propósito y sentido.

Y la búsqueda de beneficios comerciales como principal motor, y el simple entretenimiento como principal criterio -que han definido la lógica de nuestro sistema de radio y la televisión en las dos últimas décadas, con la complicidad o colusión de un estado ausente- cada vez ha devaluado más su aporte a laconstrucción de ciudadanía.

El resultado es que tenemos un sistema de medios que, en términos generales, no está a la altura de lo que Nicaragua necesita.

Y en lugar de reformarlo como resultado de marco de un debate amplio y plural, que tenga como punto de partida el interés público, el mismo esta siendo reformado defacto y, como de costumbre, en función de intereses particulares.

Da igual si lo que se privilegia son los intereses de empresarios (que no por empresarios dejan de tener afinidades políticas), o los intereses de grupos políticos (que tampoco carecen de intereses empresariales): si no rompemos el circulo vicioso de la historia en algún momento,dificilmente vamos a llegar a tener los medios que necesitamos para el desarrollo y la democracia.

Y ni la responsabilidad de la situación, ni el poder para cambiar las cosas, son exclusivos de los políticos o los dueños de medios.

En mayor o menor medida también están repartidos en toda la sociedad, incluyendo a los anunciantes y, por supuesto, a las audiencias.

Tampoco deberíamos asumir que medios verdaderamente capaces de construir ciudadanía son un lujo que no nos podemos dar.

De hehco, como demuestra este trabajo de Yader Luna, en Nicaragua tenemos varios buenos ejemplos.

En el fondo es una cuestión de prioridades. Del tipo de sociedad que querramos construir.

• Un contrato con la sociedad

Las licencias otorgadas bajo la legislación nicaragüense sólo establece obligaciones de tipo técnico a las estaciones de radio y canales de televisión (en qué frecuencia deben transmitir, cuánta potencia y alcance deben tener, etc.).

Pero ¿por qué no incluir también en las mismas claras Obligaciones de Servicio Público?

Algunas de las OSP contenidas en otras legislaciones incluyen:

• La existencia de programación noticiosa que garantice una cobertura completa, independiente, imparcial y balanceada de los hechos y sucesos relevantes para la vida nacional
• La transmisión de programas noticiosos y de análisis en horarios que estimulen y faciliten su consumo por amplios sectores de la población (prime time)
• La existencia de espacios que contribuyan al debate informado y el pensamiento crítico
• La existencia de programas que contribuyan al crear un sentido de identidad nacional, sin desconocer por ello la diversidad cultural del país. Esto incluye la transmisión de los grandes eventos deportivos y culturales
• Una programación que le de voz a los diferentes grupos étnicos presentes en el país, incluyendo la transmisión de ciertos programas en las lenguas originarias
• Un balance entre programas generalistas de amplio atractivo y programación especializada que atienda las necesidades de diferentes audiencias.
• Un porcentaje razonable de programación educativa y de programación infantil
• Adecuada cobertura de los procesos de toma de decisión claves para el país, como la gestión de gobierno y los debates parlamentarios
• Garantía de transmisión de los anuncios públicos importantes
• Una cuota de programas producidos localmente

En primera instancia, y para evitar una intromisión indebida de los actores políticos, le podría corresponder a los propios medios explicar cómo cumplirían con estas obligaciones y definir metas.

Pero también tendrían que hacer público su contrato con la sociedad, para que esta también pueda evaluar su nivel de cumplimiento.